Cuidado con sacrificar derechos a cambio de votos.

Hace varios días se anunció la posibilidad de un cambio de era política en Andalucía. Después de 40 años de socialismo andaluz en los comicios autonómicos de diciembre, los andaluces y andaluzas concedieron a la derecha una oportunidad inaudita de formar gobierno en la región. El Partido Popular y Ciudadanos, hasta entonces los únicos representantes parlamentarios de este espectro político, no han dejado de relamerse, bombardeando los informativos con propuestas e intervenciones relativas a sus programas electorales. Hasta aquí todo normal, todo tediosamente precioso. El problema matemático se plantea cuando los votos de estas dos formaciones no dan para formar el tan ansiado gobierno. El resurgimiento político de la extrema derecha en el parlamento andaluz (recordemos que en la transición hubo representación de Fuerza Nueva, ha colocado a VOX, un partido con pilares ideológicos tales como la supresión de las autonomías y la derogación de la ley de violencia de género, como socio necesario para la creación de un nuevo ejecutivo. Las incógnitas, a partir de ahí, se han ido sucediendo en torno a este partido, que, hace unos días, anunció que no apoyaría un gobierno formado por PP y Ciudadanos mientras estos no retirasen las ayudas contra la violencia de género. Las primeras reacciones por parte de los dirigentes del Partido Popular, han consistido en un guiño a los ultraderechistas, ofreciéndose a “reforzar la protección de hombres, niños y abuelos maltratados en el entorno de la violencia doméstica”, matizando el empleo del término doméstico que estaría conectado con la ley de violencia intrafamiliar que propone VOX, en lugar de la legislación vigente. Todo queda en casa, en el ámbito privado, en el hogar, muy a lo victoriano del “ángel de la casa” para hacer referencia al universo de la mujer, regresamos al siglo XIX. Bochornoso e inadmisible.

  Lo que deberían hacernos ver los últimos casos de asesinatos machistas son las muy probables consecuencias nefastas que una extirpación legislativa en materia de género como la que propone VOX puede provocar.  De ninguna manera realizar cualquier concesión a un partido el cual tiene como uno de sus pilares fundamentales la derogación a la violencia de género puede ser contemplada para formar el ejecutivo andaluz. El señor Pablo Casado, líder del Partido Popular, estima, sin echar la vista a ninguna fuente oficial, que “el 75% de las víctimas son mujeres, que son las más vulnerables y en muchos casos tienen dependencia económica y por tanto tienen que tener protección eficaz”. “Pero hay un 25% de víctimas de este tipo de violencia que no son mujeres: en especial niños, ancianos o parejas homosexuales u hombres en entornos dentro de la empresa con vínculos familiares” se escuda en esos porcentajes inventados para echar por tierra años de avance, de lucha feminista y de trabajo por la igualdad.  Por muy bien que nos parezca que el señor Casado comience a mostrarse como férreo defensor de las minorías, los datos que maneja son equivocados: 502 mujeres frente a 67 hombres han sido víctimas en los últimos 8 años (11,77% del total, datos del Instituto Nacional de Estadística) de la violencia doméstica. Esta se define como aquella violencia que se produce en un entorno de convivencia entre los miembros de un grupo familiar, con especial foco en las personas en grado de dependencia. Quizá, el candidato a la presidencia del Partido Popular confunde los términos entre violencia doméstica y violencia de género, la cual, según el Instituto de la Mujer, “se basa y se ejerce debido a las diferencias subjetivas entre los dos sexos”; dicho de otra manera, se mata a una mujer por ser mujer, se mata a un hombre por ser hombre, independientemente de si la relación entre víctima y agresor fuese familiar o no. No olvidemos que casos como el de violaciones, secuestros y asesinatos aún queda fuera de este paraguas “de género” cuando no debería ser así. Desde el feminismo se reclama y se trabaja para que estas agresiones, abusos, violaciones y asesinatos sean considerados también como violencia de género.

Si bien, dentro del actual marco que excluye otras casuísticas, como hemos visto, no hay que despreciar cualquier cifra por pequeña que sea del resto de víctimas, incluso si se tratase, como afirma Casado, de un 75% de mujeres asesinadas, frente a un 25% de hombres, no deja de ser una evidencia de que la violencia machista es una lacra que no permite relajación ni retroceso. Los crímenes machistas son los únicos donde la víctima tiene que demostrar que es víctima, (véase, si no se ha visto ya, el caso de “la manada”) frente al resto de delitos, donde solo se juzga al culpable. Sobre esto ha hablado con asiduidad el señor Abascal, sugiriendo que existe una numerosa lista de denuncias falsas sin registrar, de mujeres despechadas frente a hombres desprotegidos. Poco caso debe hacer el líder de VOX al dato del INE: 0,01% de denuncias falsas en los últimos 8 años. No vamos a profundizar en lo peligroso que resulta inventar cifras y dar crédito a datos que no son debidamente demostrados, o no provengan de fuentes oficiales, creando realidades paralelas a conveniencia del autor. Tampoco debemos ignorarlo.

Pablo Casado acusa a la izquierda de monopolizar el discurso sobre la igualdad. ¿Es que acaso la izquierda quiere hacer exclusivamente suyo el discurso? Toda legislación necesaria para lograr una sociedad justa y equitativa no debe ser un planteamiento ajeno a ninguna formación política. El día que los mismos discursos sobre igualdad comiencen a salir de bocas propias y ajenas, de izquierdas y derechas, de hombres y mujeres por igual, entonces será cuando se avance lo suficientemente rápido hacia los derechos que a todos nos gustaría tener, sin debate posible.

Respecto al posible cambio de opinión por parte del PP andaluz en esta materia, recordar que, a pesar de los esfuerzos y avances en materia de género registrados en los últimos años, no pasaron ni tres días de 2019 y ya nos golpeó la primera muerte por machismo en Laredo, directo al corazón de todos y todas nosotras, sin importar posición política. ¿Realmente merece la pena sacrificar lo avanzado por un puñado de votos? ¿Es más importante la formación de un gobierno que la protección jurídica contra la violencia? ¿Tan ansiado, que no necesario, es el viraje y la deriva a la derecha en Andalucía, que están dispuestos a pasar por encima de las mayorías sociales y de la lucha feminista?

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